El Artículo 47de la Constitución Española determina que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y manda que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
Se ha publicado ya la versión corregida del Informe Auken, un demoledor documento contra el urbanismo salvaje en España, aprobado el pasado 11 de febrero en una sesión histórica del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en el que se acorraló al PP y PSOE español, se rechazaron las enmiendas presentadas por estos contra el informe y en cambio se admitieron otras enmiendas que han dado aun mayor dureza al texto, muchas de ellas extraidas del informe elaborado por la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) y otras organizaciones y que fue enviado a todos los europarlamentarios en los dias previos a la presentación de enmiendas. El texto, aprobado ya en el Comité de Peticiones, será votado en el pleno del parlamento el próximo 26 de marzo.
Denunciamos que PP y PSOE se hallan unido contra el informe Auken en su desesperado y despreciable intento de seguir apostando por la especulación y el urbanismo salvaje, cerrándose en banda a reconocer el problema de fondo de España, y apostando por agrandar el agujero en el que nos han metido, en vez de sacarnos de él con un cambio radical de modelo económico, que en ningún caso se está poniendo en marcha.
El texto definitivo contiene párrafos de asombrosa contundencia que parecen extraidos directamente del Manifiesto que la Coodinadora Ciudadana en Defensa del Territorio remitó al Comité de peticiones y a todos lo Europarlamentarios para que lo incluyeran en sus enmiendas al informe, y que ya habia sido enviado, en una versión anterior, con anterioridad a la primera redacción del Informe Auken.
Denuncia que "España ha sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones...lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, " que "todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible" y que cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción".
Denuncia "la falta de actuación y parcialidad de la justicia española" y que "hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión"
Jaime del Val en el Parlamento Europeo sobre el urbanismo salvaje en España. Sesión del Comité de Peticiones sobre el Informe Auken. 20 enero 2009
Denuncia que "las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país" que "miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron ", que "este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también sobre el sector turístico" y que "se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales".
Exige que "las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social" y que "detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario". Afirma que "Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos deberían suspenderse y revisarse".
Exige al estado español y la Autonomias "que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador" que "lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación... con objeto de poner fin a los abusos de los derechos", que "desarrollen una cultura de la transparencia... impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos" y "que establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos" y a su vez "Insta al Gobierno español a realizar un debate público"
Denuncia que "hay muchos casos en los que urbanización masiva ha incorporado elementos de la financiación europea" e insta a la Comisión Europea a "interrumpir la provisión de fondos estructurales, y ... suspender dicha dotación a un Estado miembro" y a "colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión".
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